¿Valió la pena la segregación?

Ponencia presentada por Gonzalo Alberto Valencia Barrera (gvalenba@gmail.com), miembro de número de la Academia de Historia del Quindío, en el conversatario ¿Valió la pena la segregación? realizado por la AHQ el 5 de julio de 2016 en el Salón Bolívar de la Gobernación del Quindío en el marco de la conmemoración del cincuentenario del Departamento.

Se ha reconocido que la gesta emancipadora del Quindío fue cívica gracias a la gestión adelantada desde la segunda mitad del siglo pasado por prestantes personas de la ciudad de Armenia. Sólo cuando estaba en ejercicio la cuarta junta constituida para tal empeño es que se torna más clara la opción para hacer realidad la segregación. El Frente Nacional, expresado en la alternación entre liberales y conservadores, hacía viable que fuesen al Congreso de la República senadores y representantes atendiendo cada partido el respectivo 50% de la circunscripción electoral. De manera que los políticos quindianos veían que para acceder al Congreso no tendrían necesidad de competir electoralmente con los candidatos del departamento de Caldas. La aprobación de la segregación en 1966 estaba en línea con el querer de una buena parte de la población, pero el beneficio soslayado de tal decisión lo recibía la casta política al tener todo duplicado en materia de burocracia: una gobernación, una contraloría, una lotería, una licorera y así otras dependencias para escapar del supuesto centralismo caldense.

La constitución del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, en agosto de 1966, sentó las bases para la promoción del desarrollo de la zona productora. En efecto, cuando comenzaron a apropiarse los regalías para la construcción de la infraestructura urbana y rural se fue conformado el llamado Paraestado Cafetero. Era tal la dinámica de esta acción que la propia Gobernación quedó relegada como ejecutora de una inversión relativamente menor. Era más importante ser miembro del Comité o su Director que ser Gobernador, lo que obligó a éste a trabajar de la mano de los caficultores si quería tener vigencia política.

Este progreso físico se fortaleció con la ocurrencia de las bonanzas de 1977 y 1986, elevando cuantiosamente el poder adquisitivo de los productores de café, el cual se irrigó en toda la economía quindiana. Pero llegó la ruptura del Pacto cafetero en 1989, que sumió a los caficultores en la peor crisis de su historia y de la cual aún no se reponen. La razón estriba en que pasaron de una situación proteccionista a otra de libre mercado, en el que prima la competitividad y para la cual no estaban en capacidad de enfrentarla. El hecho es que pasamos en estos últimos 27 años de tener un área sembrada de 61.000 hectáreas en café a  otra de 24.000 hectáreas. Semejante descenso impactó las cifras macroeconómicas regionales y, por desgracia no existen todavía actividades económicas que la compensen en materia de empleo y riqueza. Los presentes índices de recesión, desempleo, capacidad adquisitiva, inversión y contribución al PIB nacional y departamental distan de aquellos registrados hacia finales de los 80 en el siglo pasado.

Se fue el café y los propios gobiernos, la clase empresarial y la sociedad en general no han sido capaces de generar unas nuevas condiciones para un desarrollo que hubiese respondido por el eslogan “El Quindío, un departamento joven, rico y poderoso”. La realidad es que estamos en un departamento con presencia de una significativa y conflictiva crisis social, producto de la descolgada cafetera, de la inmigración pos terremoto y la economía ilícita. En segundo lugar, la falta de oportunidad para las presentes generaciones crea un sentimiento mayor de desesperanza. Pero creo que es la misma clase dirigente política que cambió su costumbre de hacer las cosas desde que se implantó el mandato popular de alcaldes y gobernadores. La corrupción es rampante y odiosa y por infortunio los recursos tienden a dilapidarse. El Forec manejó un presupuesto algo mayor que la suma acumulada de las regalías apropiadas para el departamento en años recientes y la incidencia en la reconstrucción fue manifiesta, y ahora el efecto es también manifiesto pero disperso a manera de una lluvia de rocío que moja y no empapa.

El Quindío como departamento pudo haberse fortalecido en este último cuarto de siglo si hubiese salido a buscar el acompañamiento de los vecinos y su apoyo. Desde la existencia del Corpes de Occidente se vislumbraron opciones regionales para el desarrollo y crecimiento que no fueron atendidas a pesar de la presencia de Planeación Nacional. Propuestas tales como la ecorregión para articular todo el eje cafetero; de metropolización como los conceptos de ciudad región y región ciudad, pensando en cómo enlazar a Manizales con Pereira, Cartago y Armenia; el mismo concepto de paisaje cultural cafetero, bastante desaprovechado. El Quindío ha estado de espaldas al Tolima, al Valle del Cauca y al propio Pereira para haber construido una articulación regional en temas como el ambiental, la interconexión vial, el suministro de agua y el turismo.

La parálisis actual en los proyectos de embalse, doble calzada, reconexión férrea, repotenciación eléctrica, ampliación del aeropuerto y así otros, lo que ha hecho es desterrar iniciativas de inversión privada. No tiene sentido que tengamos al anterior gobernador de Risaralda abogando por la construcción de las torres de energía en Barbas Bremen y a la exgobernadora haciendo lo contrario. La unidad que les debería asistir no existió, y por desgracia esa es la imagen que proyectamos.

Todas estas consideraciones me llevan a pensar que el Quindío actual es inviable para el desarrollo y que la figura de departamento como garante de la gran coordinación entre lo nacional y lo local ha explotado. ¿Qué opciones me quedan? 

Uno pensaría en la reintegración territorial del antiguo Caldas. Los ejemplos de Telecafé y Alma Mater podrían dar testimonio de lo sinuoso que sería este camino. Sin embargo podría apelarse a los esquemas de ordenamiento territorial, tales como las regiones administrativas de planificación especial (Rape), que acompañadas de un contrato plan podrían ser efectivas para el alcance de ciertas metas estratégicas.  La otra opción consistiría en conformar un gran directorio ejecutivo con representación de los gobernadores, alcaldes metropolitanos, autoridades ambientales y el comité intergremial que tuviese la responsabilidad del plan territorial. Por supuesto que habría que incorporar a la clase política para validar con la población, mediante algún mecanismo de participación popular, la estrategia de fortalecimiento territorial. Sinceramente estimo que debemos esforzarnos por actuar en conjunto, ya que si persistimos en nuestra individualización poco espacio  al desarrollo se estaría generando.