En la nación colombiana, durante la última década el siglo XIX, el hecho
que más impactó su historia fue el descubrimiento y posterior obsequio del
denominado Tesoro Quimbaya. Ya en
Bogotá, cuando se exhibían las piezas de oro en 1891, muchos conocieron la
calidad orfebre de dichos artífices de la cultura prehispánica e hicieron su
juicio, ponderado o no, sobre la permanencia de ese conjunto en la ciudad. Pero ninguno manifestó o evidenció un
esfuerzo académico para que ellas se integraran a colecciones museísticas.
El Museo Nacional existía pero tampoco expresó, a través de sus
directivos, una actitud tendiente a mantener esa colección en sus fondos. Se conoció la solicitud que había realizado
Román María Valencia, uno de los fundadores de Calarcá, cuando manifiesta que “todas esas cosas, que
debieran conservase en nuestro Museo Nacional, se pierden indistintamente”, en su mensaje de noviembre de 1890, o sea un telegrama enviado desde
Salento. Esa manifestación escrita fue
remitida a Fidel Pombo, el director del Museo, ofreciéndole en venta a esa entidad las piezas del hallazgo que él había
adquirido, aunque en otra parte de la comunicación afirma que “no dispondré
objetos indígenas hasta verlos Museo Nacional, seguiré coleccionando”. Es natural entender que no hubo respuesta a
este ofrecimiento, por la penuria económica que tenía dicho reservorio de la identidad,
que había sido creado en 1823 como un museo de historia natural y minería. No obstante la labor loable de Pombo, quien
hizo un primer catálogo de los materiales del Museo, lo único que se conoció
sobre el interés de este director en el Tesoro Quimbaya fue una carta de 1894,
donde él solicitaba al gobierno se le entreguen algunos objetos duplicados del
Tesoro, que para esa época ya estaba en España.
Parece que Pombo recibió algunas, pues en dicha carta manifiesta que
“solo conseguí unos pocos de los más pequeños y de escaso mérito”.
Carlo Vedovelli, el autor italiano del catálogo de venta, junto con Juan
Pablo Jaramillo Lalinde, el comprador que había adquirido las piezas de oro en
Manizales, realizó las gestiones de ofrecimiento durante los primeros meses de
1891 en Bogotá y seguramente muchos potenciales comerciantes de antigüedades
las conocieron en la casa de Jaramillo, donde se exhibían.
Pero entran otros protagonistas en la historia de este proceso, así
como suceden hechos importantes que
desembocaron en su compra por parte del
gobierno. La mayor información sobre
estos detalles es consignada por la historiadora Carmen Cecilia Muñoz Burbano
en su trabajo de grado “El Tesoro de los Quimbayas – Estudio historiográfico y
documental” (2003).
En marzo de 1891 se emite el laudo arbitral de la Reina de España sobre
los límites entre Colombia y Venezuela, que es favorable a Colombia ya que se
le reconoce la soberanía sobre los territorios en litigio en la Guajira, San
Faustino y la margen izquierda del rio Orinoco.
Probablemente en abril de 1891, la colección orfebre se deposita en el
Banco de Bogotá, porque su dueño pudo haber viajado al exterior, como lo
sugiere la noticia divulgada en EL HERALDO del 11 de marzo.
Mientras tanto, Vedovelli, con posibles compradores internacionales,
sigue negociando y pide por la colección, “después de haber gastado tiempo y
dinero considerable en registrarla y documentarla” la suma de 24.000 libras
esterlinas, o sea la suma de unos $240.000 pesos colombianos de la época, una
suma bien considerable.
El laudo arbitral a favor de Colombia no fue el único aspecto que
justifica la adquisición por parte del gobierno para obsequiársela a
España. En esos días se presenta otra
situación que refuerza la decisión gubernamental. Se trata del llamado que
hacen España y Estados Unidos a los países del mundo para participar en los
actos conmemorativos del IV Centenario del Descubrimiento de América. Sus dos actos centrales serían la Exposición
Histórico Americana de Madrid (1892) y la Exposición Universal en Chicago
(1893).
La participación en Madrid fue el otro determinante que tuvo el
presidente Holguín para comprar los objetos de oro. Todo indica que en abril de 1891 hizo
desistir a Vedovelli y Jaramillo de seguir ofreciendo del Tesoro Quimbaya al
exterior, asegurándoles la compra por parte del gobierno. Al italiano se le ofreció en compensación la
adjudicación de un contrato singular, la traída de 8.000 inmigrantes italianos
que colonizarían y cultivarían parte de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Realizando dichas gestiones en
Italia para concretar los detalles del viaje masivo, se entera que el Congreso
no aprobó dicho contrato en sus sesiones de 1892.
Cuando se deposita la colección en el Banco de Bogotá se refuerzan las
gestiones relacionadas con la exposición de Chicago y llega un comisionado a
Colombia para adelantar el concurso del país.
Se trata del Teniente H.R. Lemly.
En mayo, EL HERALDO, no. 94, en Bogotá publica:
(Lemly) “á (sic) escrito a
Washington manifestando que ha adquirido para dicho certamen colección de
antigüedades. Esta, que contendrá muchos
objetos de oro y platas desenterrados de las poblaciones indias, ha sido
ordenada por un distinguido
coleccionador de igual país que ha dedicado a estas investigaciones 35 o 45
años”.
Esto se publica en mayo y es copia de la noticia de un periódico de La
Habana, lo que indica que ya se había pensado enviar el Tesoro Quimbaya a
Estados Unidos. Sin embargo, el hecho
histórico del laudo arbitral pudo hacer cambiar los planes del gobierno colombiano.
De acuerdo con una noticia publicada en Quibdó en julio, el texto permite
entender que lo que se expondrá en Chicago serán materiales etnográficos y “las
antigüedades de sus tiempos chibchas, morteros y crisoles, potes y flautines de
barro, ídolos de piedra y oro” (“Los Avisos”, Quibdó, no. 17, julio 16 de
1891).
Con las piezas depositadas en el Banco, probablemente se habían afirmado
las gestiones de compra por parte del gobierno.
En este punto aparecen dos personajes en el proceso. Son sus nuevos dueños, llamados Domingo
Álvarez y Fabio Lozano Torrijos. Todo
indica que Jaramillo Lalinde hace la negociación primero con Álvarez, y en
agosto éste se la traspasa a Lozano Torrijos.
Se comprobó, ya que aparecen en muchos documentos oficiales y privados
del siglo XIX que ambos eran
comerciantes vinculados al flujo de mercancías y a la explotación minera. La historiadora Muñoz escribe lo siguiente, en
relación con Lozano, y de acuerdo con lo publicado en el periódico “El Tolima”,
no. 97 de agosto 14 de 1890: “También aparecen notas que lo señalan como
autorizado en la venta de fincas del camino del Quindío”.
El Tesoro Quimbaya fue comprado por el gobierno el 20 de agosto de 1891,
irónicamente cuando se cumplían 13 años de fundación de la población de Filandia, donde se había guaqueado. Dos documentos manuscritos, de mucha fuerza
histórica, comprueban dicha negociación, y darán mucho para tratar en la
historia de Colombia. Fueron suscritos y
firmados ese 20 de agosto. El primero es
la exposición de motivos que el Presidente y el Consejo de Ministros “opinaron
favorablemente a la oportunidad y conveniencia del obsequio que debe hacerse a
España”. Obviamente, en razón agradecida
por el laudo arbitral. El segundo es el
propio contrato de compra por valor de $70.000.
Su artículo 1° dice lo siguiente:
Artículo
1°. “Fabio Lozano T. da en venta al
gobierno de la República una colección
de objetos o dijes de oro procedentes de una guaca o depósito hallado en
el Corregimiento de Finlandia, Departamento del Cauca, y que hubo por compra
que de ellos hizo el Sr. Domingo Álvarez, vecino de esta ciudad. Dicha colección es la misma que se halla
actualmente en poder del Banco de Bogotá y está clasificada en sesenta y dos (62)
números con cuatrocientos treinta y tres (433) objetos que tienen de peso
veintiún mil doscientos veinticuatro (21.224) gramos según la relación que adjunta el presente contrato”.
Nota: Próxima entrega: El Tesoro
Quimbaya y España, historia de un periplo y un regalo
Por: Jorge Hernán Velásquez
Restrepo y Roberto Restrepo Ramírez.
Miembros de Número de la Academia de Historia del Quindío.
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